El abogado Carlos Tello fue despedido de este organismo público, puesto que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos luego defender a personas relacionadas con causas de narcotráfico.
. Todo esto en marco del artículo 61 de la Ley 20.000 que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. El texto legal indica que «los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley».
Municipalidad de Ovalle respalda desvinculación
Tras conocida la noticia, el Municipio de Ovalle respondió que su alcalde Jonathan Acuña (quien postula a la reelección) decidió «instruir al área de Recursos Humanos dictar acto administrativo que deje sin efecto la contratación de prestación de servicios a honorarios suma alzada de don Carlos Tello Luza, abogado, teniendo presente que esta persona informa que no cumple con el requisito de la Declaración Jurada, letra b». Todo esto quedó plasmado en el memorándum interno N°383.
Por otro lado,el Municipio de la Perla del Limarí agrega que «la contratación del abogado, Carlos Tello Luza, fue visada técnicamente por la Unidad de Recursos Humanos, quienes deben revisar los antecedentes del personal que se pretende contratar. El abogado prestó un servicio específico que consistió en presentar querellas, y gracias a eso la fiscalía realizó diligencias investigativas en donde la policía incautó los computadores y libros de la secretaría municipal a fin de acreditar los delitos que se investigan. Sin embargo, como municipio nos percatamos de esta situación porque el propio alcalde, en su afán de rigurosidad, solicitó que cada abogado del municipio firmara la inhabilidad específica relativa a la Ley 20.000 atendiendo la denuncia de las redes sociales y fue allí donde nos dimos cuenta de la situación. Cabe señalar y aclarar que para el erario municipal no ha habido perjuicio alguno, pues no se ha concretado ningún pago de los honorarios».