Era septiembre de 2020 y mientras el mundo vivía el confinamiento por la Pandemia por COVID-19, un caso de corrupción sin precedentes remecía la Región de Coquimbo. Tuvo que venir un medio de comunicación de cobertura nacional a mostrar las irregularidades que existieron en la compra de los terrenos, ubicados en el sector Oriente de La Serena.
El delito que se imputaba al Gobierno Regional, encabezado por aquel entonces por Lucía Pinto, fue haber pagado casi $9.800 millones de pesos por estas tierras, las cuales estaban tasadas solamente en $4 mil… y no bastando esto, la transacción se realizó sin la toma de razón de la Contraloría General de la República.
El caso pasó a ser conocido a nivel nacional como el Papaya Gate y llenó las portadas de los medios. Con los días salieron a luz documentos, nombres de posibles implicados y nuevas aristas como Coquimbo; todo este revuelo traía la esperanza de que el caso más polémico del GORE Coquimbo iba a terminar con sus implicados tras la rejas, pero, para sorpresa de absolutamente nadie, se van a cumplir cuatro años del Papaya Gate sin ningún formalizado, ninguno. Se puede ver que sus protagonistas tienen grandes influencias, hasta el mismo insider que filtró el caso a la prensa, puesto que acceder a esos documentos es sumamente difícil para una investigación periodística normal, aunque sea un medio grande.
Por ahora, la única medida «memorable» es la destitución de la periodista y militante de la UDI Lucía Pinto como Intendenta Regional. Quizá la idea era «ofrecerla en sacrificio» para así calmar la furia de la gente, darles la idea de que el sistema funciona y así encubrir a los autores intelectuales del Papaya Gate. En tanto, éstos esperan sentados, alargando el juicio, para que así éste prescriba y así burlarse la ciudadanía una vez más.
Y después no faltan quienes se ríen de aquellos que dicen que «la justicia es para los pobres»; las pruebas indican que en Chile es más que una frase cliché…es un mantra que se repite una y otra vez.