Nos reunimos en la pequeña sede de la Colectiva EcoSocialistas, en La Serena. A pocos metros, el río Elqui corre con una proporción exigua de su caudal histórico, en un nuevo año consecutivo de déficit hídrico en la región. Sobre la mesa hay vasos de agua, un mapa de la cuenca del Limarí y el texto de la Ley Miscelánea (o de Reconstrucción) subrayado en rojo. Rodrigo Andrade, cofundador de este espacio cercano al ambiente científico y con proyección política que promueve el intercambio de experiencias respecto al cambio climático y sus efectos en los distintos países de la región latinoamericana, habla con la precisión de quien ha aprendido que cada dato mal citado le costará credibilidad en el territorio. Lo que sigue es una conversación sobre política, agua, tierra, bienestar social y resistencia de los territorios.
01 LA COLECTIVA Y LA COALICIÓN
Quiénes son, de dónde vienen y qué construyen
VALENTINA REYES
Valentina Reyes: Rodrigo, para quienes no los conocen: ¿Qué es la Colectiva EcoSocialistas y cómo llegaron a participar en la Izquierda Ecologista Popular?
RODRIGO A. La Colectiva EcoSocialistas nació hace cuatro años en la zona rural de la región de Coquimbo, desde la convicción de que la crisis ambiental y social son el mismo problema con dos nombres distintos. No existe justicia climática sin justicia económica. No puede haber defensa del territorio sin defensa de los derechos de quienes lo habitan. Esa es nuestra premisa de base y permanecemos en ella.
Participamos en la Izquierda Ecologista Popular —la IEP— desde su lanzamiento en julio de 2024, para las elecciones municipales de ese año. La coalición se formó con los partidos Igualdad y Humanista, y otras organizaciones que ya no están, junto a movimientos sociales y territoriales de todo el país. Nos sumamos como organización territorial afín, con presencia tanto en el norte como en el sur del país, desde donde hemos aportado al fortalecimiento de la IEP. Eso ha sido una decisión deliberada, ya que hasta ahora hemos querido mantener autonomía para decir y hacer lo que pensamos sin las restricciones que impone la lógica partidaria con ciclos políticos tan cortos y cambiantes.
La IEP se relanzó en julio de 2025, frente al Monumento a Salvador Allende, para las parlamentarias. No logramos representación en el Congreso. Eso lo decimos sin dramatismo ni autoengaño: los resultados electorales son mediciones y señales. Lo que sí logramos fue fortalecer redes territoriales en regiones donde la izquierda institucional ya no llega con credibilidad. Coquimbo es una de esas regiones.
¿Qué distingue a la IEP de la izquierda oficial, del Frente Amplio o del Partido Comunista?
RODRIGO A. La diferencia no es solo de grado, es de diagnóstico. Nosotros sostenemos que el modelo social y económico son las causas estructurales de la crisis ambiental, hídrica y social que sufren los territorios. Creemos que gestionaron ese mismo modelo durante cuatro años sin impactar directamente en sus raíces.
El gobierno de Boric avanzó en algunos reconocimientos formales como la Ley Marco de Cambio Climático, la NDC con compromisos climáticos. Pero el Código de Aguas que privatiza el agua desde 1981 siguió vigente en lo esencial. La expansión de monocultivos de pino y eucalipto en zonas de riesgo de incendios forestales continuó siendo legal y subsidiada. Los salarios del campesinado permanecen como los más bajos del país.
Nosotros existimos para decir eso en voz alta. Para que haya una izquierda que no pida disculpas por nombrar las contradicciones de este modelo. La IEP no es perfecta y tiene tensiones internas, como cualquier coalición. Pero tiene un manifiesto claro: solo desde la organización popular, la movilización y la disputa de las instituciones se puede construir la alternativa real.
"Existimos para que haya una izquierda que no pida disculpas por nombrar las contradicciones del modelo. Que diga sin rodeos: el agua no puede ser mercancía, el fuego tiene causa, y los sueldos no pueden seguir desconectados de la riqueza que producen."
— Rodrigo Andrade. —
02 EL GOBIERNO DE KAST
Dos meses que dijeron todo
Kast lleva dos meses en el gobierno. ¿Cómo leen este inicio de gobierno?
RODRIGO A. Con total preocupación. Kast llegó con el 60% de los votos. Hay que ser honestos, tiene un mandato electoral real, masivo que, indudablemente, se explica por una campaña y su resonancia en algunos medios de comunicación en que ha infundido miedo y propagado desinformación, como denunció en su momento la contendora de su sector, a la que ensució con acusaciones de enfermedades mentales. Pero al mismo tiempo expresa un malestar genuino de una parte importante de Chile con la inseguridad, el costo de la vida y la sensación de que los gobiernos anteriores no respondieron a sus necesidades y urgencias. Eso hay que internalizarlo para construir una alternativa.
Pero Kast, en tan solo ocho semanas, nos mostró su hoja de ruta con nítida claridad. Primero, frenó los decretos ambientales del gobierno anterior argumentando que podían afectar el empleo. Segundo, aplicó un alza histórica de los combustibles —un 60% en el diésel y 30% en la gasolina— de manera inmediata, sin gradualidad. Tercero, anunció la Ley Miscelánea, llamada “de reconstrucción”. Tres decisiones que, vistas juntas, indican algo muy claro, que este es un gobierno que prioriza al 1% de la población por sobre el costo de vida de las mayorías.
El alza de combustibles fue la primera gran crisis. La desaprobación subió al 51% en pocos días. El 60% de la ciudadanía le respondió a Cadem que era una medida evitable. Y lo era. Otros países absorbieron el alza internacional de manera gradual. Chile eligió el traspaso a la población con efecto inmediato. Esa elección tiene nombre, es la extrema ideología del mercado aplicada sin consideraciones sociales.
¿Cómo evalúan la capacidad del gobierno de sostenerse políticamente sin mayoría parlamentaria?
RODRIGO A. Esa es la pregunta clave del período. Kast no alcanzó mayoría propia, como ha sido la tónica de casi todos los últimos gobiernos. Necesita al PDG de Parisi para llegar a los 78 votos del quórum simple en la Cámara. Y el PDG tiene sus propias condiciones y contradicciones. Esa dependencia crea fisuras que son espacios de disputa para la oposición y para los movimientos sociales.
Nosotros monitoreamos esas fisuras. Hay parlamentarios de oposición, incluso algunos de centro, que tienen reparos técnicos reales con partes de la Ley Miscelánea, las que ya se han expresado. Hay senadores que representan regiones donde el agua es una bomba de tiempo social y que saben que votar el Artículo 33 sin enmiendas ambientales les va a costar. Ahí es donde estamos trabajando.
La política tiene que servir concretamente a la gente que vive en los territorios afectados. Si hay que coordinar con otros actores políticos para impedir una norma que va a perjudicar a los agricultores del Limarí o el Choapa, lo haremos. Sin perder nuestra voz propia.
| Kast — Primeros dos meses: decisiones clave
· Freno de decretos ambientales del gobierno anterior (marzo 2026) · Alza de combustibles: +60% diésel, +30% gasolina (marzo 2026) · Desaprobación presidencial: de 34% el día de investidura a 51% en tres semanas (Cadem, marzo 2026) · 60% de la ciudadanía consideró el alza de combustibles evitable (Cadem, marzo-30, 2026) · Cacerolazos en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y contra el alza · Presentación Ley Miscelánea en cadena nacional (15 de abril 2026) · Contraloría investiga cena en La Moneda con ex compañeros de facultad del Presidente. |
03 LA LEY MISCELÁNEA
120 páginas que no mencionan el cambio climático
Hablemos en profundidad de la Ley Miscelánea. ¿Cuál es la lectura global que hacen?
RODRIGO A. Es el documento político más revelador que ha producido este gobierno. Y no tanto por lo que dice, sino por lo que calla. Son 120 páginas escritas a partir de los incendios de Ñuble y Biobío de enero de 2026 —21 personas muertas, más de 4.400 viviendas destruidas, 42.000 hectáreas quemadas— y en ninguna de esas páginas aparecen las palabras “cambio climático”. Ni una sola vez. Tampoco “adaptación”, ni menos “resiliencia”.
Eso no es un descuido de redacción, es una posición política explícita que le dice a las familias de los territorios quemados que el desastre que enfrentan no tiene una causa sistémica y que tiene solución de mercado. También les dice que tienen fondos para reconstruir, o que aquí tienen créditos y mejoras tributarias para las empresas, y volvamos a plantar pinos.
El proyecto tiene más de 40 medidas. Algunas son razonables si se leen en abstracto, como la exención de contribuciones para mayores de 65 años; o el subsidio al empleo formal para bajos salarios. Pero la arquitectura general del proyecto está orientada a bajar impuestos a las empresas, como la rebaja al impuesto de primera categoría y la reintegración tributaria, generando un deterioro fiscal estructural permanente de entre 0,43% y 0,57% del PIB, según la propia DIPRES. Ese es el costo para el Estado de hoy. El costo para el Estado de mañana, el que va a tener que financiar el próximo mega incendio, nadie lo contabiliza.
La Ley Miscelánea combina un deterioro fiscal estructural de hasta 0,57% del PIB con una deuda de riesgo climático sin atender estimada entre 1,0% y 2,5% del PIB anual al 2035 (FMI/Banco Mundial). Son dos deudas acumuladas simultáneamente: una para los contribuyentes de hoy, otra para los de mañana.
¿Ven algo positivo en la ley, algo que pueda apoyarse sin reservas?
RODRIGO A. Sí, y es importante decirlo porque la crítica fundamentada no es oposición a todo. El fondo de emergencia para incendios —que se amplía en 400 mil millones de pesos para la reconstrucción de Ñuble y Biobío— es necesario. Las familias que perdieron sus casas necesitan esos recursos ya. No hay discusión ahí. Pero debe tratarse por separado, ya que es una trampa de la Ley Miscelánea, también es justo visibilizarlo.
El mecanismo de crédito tributario para empresas que paguen sueldos de entre 545 mil y 838 mil pesos puede ayudar a la formalización laboral en sectores donde el trabajo informal es la norma. Eso incluye parte de la agricultura familiar campesina de nuestra región de Coquimbo. Tampoco lo rechazamos de plano y también debe verse por separado, porque tiene efectos distintos al “tutti- frutti” del proyecto de ley.
Lo que rechazamos es la arquitectura completa: reconstruir sin prevenir, reactivar sin transformar, legislar sobre el daño sin tocar la causa. Eso es lo que define al proyecto como un retroceso, independientemente de sus medidas puntuales.
04 EL ARTÍCULO 33 Y EL MODELO FORESTAL
Subsidiar el combustible del próximo mega incendio
El Artículo 33 ha sido uno de los más cuestionados. ¿Cómo lo visualizan?
RODRIGO A. Significa que el Estado chileno le garantiza a quien invierta más de US$50 millones en el sector forestal, que sus impuestos no van a cambiar durante 25 años, hasta el año 2053. Es invariabilidad tributaria para el mismo modelo de monocultivo de pino y eucalipto que el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia —el CR2 de la Universidad de Chile— identifica como la principal causa de la carga de combustible que explican los mega incendios.
Los datos del CR2 son inequívocos: el 80% de los mega incendios ocurridos desde 2010 fueron en regiones dominadas por plantaciones exóticas. El 50% del área quemada entre 1985 y 2018 estaba cubierta por pinos y eucaliptos. El eucalipto tiene aceites volátiles que lo hacen altamente inflamable y de su corteza se desprenden pavesas que pueden volar cientos de metros y más, propiciando la propagación del fuego. Esos son datos publicados en revistas científicas internacionales.
Y lo que agrega el informe del CR2, de junio de 2024, es aún más grave para el argumento de la industria: contrario a lo que sostiene el sector forestal del monocultivo, estas plantaciones no son sumideros netos de carbono. Como los árboles se cosechan en ciclos cortos, el carbono capturado regresa rápidamente a la atmósfera, a diferencia del bosque nativo. Son emisores netos de gases efecto invernadero, no mitigadores del cambio climático. El propio inventario nacional de gases de efecto invernadero lo confirma.
¿El Artículo 33 impide actuar a gobiernos futuros?
RODRIGO A. Exactamente. Y eso es quizás lo más grave desde el punto de vista institucional. La invariabilidad tributaria no solo congela los impuestos del sector forestal hasta 2053, sino que congela también la capacidad de cualquier gobierno futuro de implementar incentivos tributarios que reorienten el modelo. Ningún gobierno podrá decir “quien diversifique sus plantaciones pagará menos impuestos” o “quien instale cortafuegos tendrá exención parcial”. Ese instrumento queda bloqueado por contrato.
Es una hipoteca política sobre el futuro del territorio y de las generaciones que vienen. Y los territorios que firman esa hipoteca son el Maule, Ñuble, Biobío, las regiones que más van a sufrir los mega incendios de los próximos 25 años.
El ex subsecretario de Medio Ambiente del gobierno de Piñera —del propio sector político del gobierno— dijo públicamente que en materia ambiental la Ley Miscelánea ‘es un mal proyecto’. Cuando alguien de la misma familia política lo dice, el argumento ya no es de izquierda o de derecha. Es técnico. También lo critica con buenos argumentos la ex candidata presidencial de derecha, la señora Matthei.
"El Artículo 33 no es solo un beneficio tributario al sector forestal. Es una hipoteca política sobre el futuro del territorio y de las generaciones que vienen. Ningún gobierno hasta 2053 podrá usar el instrumento tributario para cambiar el modelo que produce los megaincendios."
— Rodrigo Andrade —
05 LA CRISIS HÍDRICA DE COQUIMBO
Siete años de déficit que no tienen solución de mercado
Pasemos a la región de Coquimbo. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la crisis hídrica?
RODRIGO A. Para Kast y su equipo la sequía no existe. Es el problema más urgente y el menos abordado por el gobierno. Llevamos siete años consecutivos de caudales por debajo del promedio histórico en los tres ríos que articulan la región: el Elqui, el Limarí y el Choapa. El CEAZA —Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, con sede en La Serena— lo documenta cada año. El Elqui está al 30% de su caudal histórico. El Limarí, cuya cuenca concentra más del 50% de la superficie agrícola de la región, entre el 21% y el 38%. Y los embalses están vacíos: La Paloma llegó al 3% de capacidad. Cogotí, en Combarbalá, llegó al 0%. El embalse Puclaro, que alimenta el consumo humano del conjunto de la población de La Serena y Coquimbo, presenta hoy un nivel de llenado por debajo del 15%, según el dato del 1 de mayo.
Estos no son datos de alarma climática abstracta. Son datos de destrucción económica concreta. Cuando el embalse está al 3%, hay sectores enteros del Limarí —Cogotí, Huatulame, Punitaqui, Pama— que reciben dotación hídrica cero (0) para sus cultivos. No escasa: cero. Eso no es una sequía que se supera esperando que llueva. Los investigadores del CEAZA ya no hablan de sequía: hablan de desertificación.
¿Y cuál es la relación entre esa crisis y el modelo económico?
RODRIGO A. Esa es la pregunta que el gobierno no quiere formular porque la respuesta obliga a cambios que incomodan a sus sostenedores. El Código de Aguas de 1981, dictado en plena dictadura, separó jurídicamente el agua de la tierra y la transformó en una mercancía. Hoy el 90% de los derechos de agua en Chile está en manos privadas. En Coquimbo, esos derechos están concentrados en las empresas agrícolas exportadoras y en la minería.
¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando el agua falta, el mercado la asigna al mejor postor. No al que la necesita para subsistir. No a la familia que lleva tres generaciones cultivando. El pequeño campesino del Limarí con una, tres, cinco o diez hectáreas y sin capital para pozos de emergencia pierde el acceso al agua frente a la empresa exportadora de paltos que compró derechos en los años 90.
Y ese agricultor exportador de paltos plantó en plena desertificación porque el mercado le decía que era rentable. El palto necesita entre 14.000 y 32.000 litros por árbol al año. En la provincia del Choapa, la superficie de paltos pasó de 602 a 1.904 hectáreas entre 2005 y 2015, triplicando la demanda hídrica en una cuenca que ya estaba en estrés. El mercado no tiene ese mecanismo de alerta. Solo tiene precio. Y el precio no habla de la sostenibilidad del territorio.
| Coquimbo — Radiografía hídrica y económica
· 7 años consecutivos de caudales bajo el promedio histórico (CEAZA, 2025-2026) · Río Elqui al 30% del caudal histórico; Limarí al 21-38%; Choapa al 34-66% · Embalse La Paloma: 3% de capacidad; Cogotí: 0% (temporada 2024) · 60,46% de la superficie bajo riego regional sin agua (73.033 ha) — ODEPA · Superficie frutícola regional cayó 17,26% entre 2021 y 2024: mayor contracción del país (ODEPA/CIREN, 2024) · Papaya de La Serena: cayó de 380,85 ha (1999) a 110,89 ha (2021): –70,9% en dos décadas · 70% de las y los trabajadores de Coquimbo gana menos de $520.000/mes (Fundación SOL, 2022) · 90% de los derechos de agua en Chile en manos privadas (desde Código de Aguas DL 2.603, dictadura 1981) |
06 LOS CULTIVOS IDENTITARIOS
Papaya, uva y pisco: patrimonio en riesgo de extinción productiva
En la región, la papaya, la uva de mesa y el pisco son mucho más que cultivos. Son identidad. ¿Qué está pasando con ellos?
RODRIGO A. Son exactamente eso: identidad, cultura, patrimonio. Y los tres están en crisis de distintas formas, con el denominador común de la crisis del agua.
La papaya de La Serena es quizás el caso más doloroso. Es un fruto que solo adquiere sus características organolépticas, ese sabor y textura inconfundibles, en el microclima costero específico de nuestra región. No existe igual en ningún otro lugar de Chile ni del mundo. Y su superficie cayó un 70,9% desde 1999: pasamos de casi 381 hectáreas a poco más de 110. La sequía empujó la primera mitad de esa caída. La especulación inmobiliaria sobre los microclimas costeros empujó la segunda, los terrenos donde solo puede crecer bien la papaya son los mismos que la industria inmobiliaria convierte en parcelas de agrado. El mercado no distingue entre valor ecológico y valor especulativo.
El pisco es una paradoja: la superficie pisquera creció de 6.930 a 9.122 hectáreas entre 2010 y 2022. El mercado incentivaba plantar más justo cuando los embalses se vaciaban. Y entonces tienes más viñas y menos agua que nunca. La producción oscila brutalmente: de mínimos históricos en 2022 a un rebote del 92% en 2023. Esa volatilidad, de casi 100% de variación interanual, hace imposible planificar para un pequeño productor pisquero, que son la mayoría.
La uva de mesa tiene un drama adicional, ya que perdió entre el 20 y el 30% de su superficie regional por la sequía y, de esa superficie perdida, solo el 10% se estima recuperable. Pero encima de eso, las variedades que se plantaron en Coquimbo —Flame Seedless, Thompson, Superior— quedaron obsoletas en los mercados internacionales justo cuando la sequía impedía financiar la reconversión. Para reconvertir hacia las variedades nuevas se requiere capital y agua. Ambos escasean en paralelo en la región. La reconversión solo la pueden hacer los grandes.
"La papaya de La Serena no tiene sustituto. Si se extingue como cultivo comercial aquí, desaparece de Chile. Eso no es una pérdida agrícola. Es una pérdida cultural que no tiene precio en ningún mercado."
— Rodrigo Andrade —
07 TRABAJO Y PRECARIEDAD
El cuerpo de la crisis: quiénes pagan el costo
¿Quiénes son los sujetos sociales que más sufren esta crisis? ¿Dónde está el impacto humano más concreto?
RODRIGO C. En las trabajadoras y trabajadores temporeros del campo. En las familias campesinas que llevan varias generaciones cultivando en el Limarí. En las mujeres que, sin contrato, hacen los empaques de exportación de uva. En los hombres que manejaban el tractor y que este año no tienen cosecha.
Los datos de Fundación SOL son precisos y brutales: el 70% de las y los trabajadores de Coquimbo gana menos de 520.000 pesos al mes. El salario real en el sector agrícola creció apenas un 1,9% en cinco años, mientras el PIB crecía un 7,6%. La riqueza se produce aquí con el esfuerzo físico de las trabajadoras y trabajadores de la región, pero no se queda aquí.
Y la crisis hídrica lo empeora todo. Cuando la temporada agrícola cae por falta de riego, los trabajadores temporales —que muchas veces no tienen contrato y carecen de protección social— pierden el único ingreso del año. No el ingreso del mes: el del año. Porque en la agricultura estacional de exportación hay meses donde se trabaja y meses donde no. Cuando los meses de trabajo desaparecen, no existe fondo de cesantía que alcance.
Lo que vemos es que esa población migra. Familias enteras que se van de Combarbalá, de Punitaqui, de Salamanca hacia Coquimbo ciudad o hacia otras grandes ciudades. Llegan a los campamentos, a las periferias. Y el discurso del gobierno dice que el problema es la migración extranjera. Pero hay una migración interna, forzada por la desertificación y el modelo, que nadie nombra.
El gobierno habla de empleo formal, de subsidiar los sueldos bajos. ¿No va en la dirección correcta?
RODRIGO A. El crédito tributario para empresas que paguen entre 545 mil y 838 mil pesos puede ayudar a la formalización, aunque marginalmente. Pero tiene una limitación estructural que el gobierno no quiere nombrar: funciona cuando el problema es falta de capital. En Coquimbo, el problema es climático, es el modelo, es la sequía, la falta de agua. Puedes bajarle los impuestos al agricultor del Limarí todo lo que quieras: si el embalse está al 3%, no hay cosecha, no hay empleo, no hay nada que tributar.
La lógica del mercado no puede resolver lo que el mercado causó. El Código de Aguas creó un sistema donde el agua se asigna al mejor postor. La sequía estructural agudizó por décadas esa asignación en favor de los grandes. El crédito tributario no cambia nada de eso. Es poner un parche encima de una hemorragia.
08 ENERGÍA Y VIVIENDA
La reconversión que la ley no hizo
El gobierno también omitió medidas de transición energética en la ley. ¿Qué debería haber incluido?
RODRIGO A. En noviembre de 2025, Chile alcanzó el 72% de generación eléctrica con fuentes renovables. El récord instantáneo fue del 93%. Ese logro —que es transversal, no es de ningún gobierno en particular— no está siendo aprovechado para las familias más vulnerables. La transición energética no es un lujo ambiental sino la mejor política antiinflacionaria disponible para el país, porque cuando las familias dependen del diésel y de la leña para calefaccionarse y cocinar, cada alza de combustibles las golpea directamente.
Nosotros proponemos tres cosas concretas que la Ley Miscelánea no incluyó. Primero: estándar obligatorio de eficiencia energética —aislación térmica y paneles solares— para todas las viviendas que se reconstruyan con fondos públicos post-incendio. No es caro si se incorpora desde el diseño. En Coquimbo tenemos más de 300 días de sol al año. No aprovechar eso es una decisión política, no una limitación técnica ni económica.
Segundo: un programa serio de transición de calefacción en zonas saturadas. Coyhaique, Chiloé, Puerto Montt, Osorno, Temuco, pero también sectores de Coquimbo en invierno, donde familias gastan hasta un tercio de su ingreso en leña que contamina y enferma. Tercero: modernización de la red eléctrica en las interfaces forestales de alto riesgo. La CNE tiene documentado que el envejecimiento de tendidos eléctricos es una fuente creciente de ignición de incendios. El gobierno no puso un peso de eso en la ley.
| Lo que debería contener una ley de reconstrucción climáticamente responsable
· Exclusión del sector forestal de monocultivos exóticos del Artículo 33 (invariabilidad tributaria). · Franjas cortafuego obligatorias de mínimo 50 metros en interface plantación-zona habitada. · Diversificación obligatoria: 30% de buffer de bosque nativo en nuevas expansiones forestales. · Estándar de eficiencia energética y panel solar en TODAS las viviendas reconstruidas con fondos públicos. · Modernización de tendidos eléctricos en interfaces forestales de alto riesgo (CNE/CEN). · Restauración de bosques riparios en quebradas y cabeceras de cuencas afectadas. · Reactivación del Marco de Bonos Sostenibles Soberanos (US$36 mil millones acumulados 2019-2022). · Reconocimiento explícito del cambio climático como marco conceptual del proyecto (actualmente ausente). · Planificación territorial vinculante que impida expansión de monocultivos en zonas de brecha hídrica negativa. |
09 LA CONTRADICCIÓN INTERNA DE LA DERECHA
Piñera lo hizo: el argumento que no pueden ignorar
¿Cómo responden cuando el gobierno dice que las medidas ambientales son incompatibles con el crecimiento económico?
RODRIGO A. Con un argumento que al propio sector de Kast le resulta difícil refutar: el gobierno de Piñera lo hizo. En 2019, el gobierno de Piñera emitió el primer bono verde soberano de las Américas. En 2020, en plena pandemia, estableció el Marco de Bonos Sostenibles y declaró que el objetivo era ‘sentar las bases para una recuperación verde’. En 2022, Chile emitió el primer Bono Soberano vinculado a la Sostenibilidad del mundo. El ex ministro Briones fue explícito, la crisis económica era el momento preciso para orientar la inversión pública hacia la sostenibilidad.
Los resultados fueron concretos, ya que a 2024 el stock de deuda sostenible soberana chilena superaba los 36 mil millones de dólares y representaba una cuarta parte de la deuda pública total. Chile accedía a financiamiento internacional a tasas menores que sus pares regionales porque los grandes fondos de inversión institucional —los que manejan el ahorro pensional de países enteros— privilegian jurisdicciones con marcos ambientales creíbles.
Si en 2020, bajo un gobierno de derecha, Chile entendió que la crisis era el momento para la sostenibilidad y se benefició financieramente de eso, la pregunta es simple: ¿por qué en 2026, ante una crisis climática directa, no hacen lo mismo? La respuesta no es técnica, sino que define quiénes se sientan a la mesa cuando se redacta la ley.
"Un gobierno de derecha emitió el primer bono verde soberano de las Américas y los primeros SLB del mundo. Chile accedió a tasas más bajas porque apostó a la sostenibilidad. Kast tiene ese antecedente en su propio campo político y lo ignora deliberadamente. Eso no es ignorancia: es una elección."
— Rodrigo A. — Colectiva EcoSocialistas
10 LA AGENDA PROPOSITIVA
Qué proponemos y desde dónde
Pasemos a lo propositivo. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para Coquimbo y para Chile?
RODRIGO A. Siempre comenzamos desde aquí: sin diagnóstico honesto no hay propuesta seria. Pero sí, tenemos propuestas. Y son propuestas construidas desde el territorio, no bajadas de un manual teórico.
La primera y más urgente: reforma real al Código de Aguas. El gobierno de Boric avanzó parcialmente, pero fue insuficiente. Necesitamos que el agua sea reconocida en la práctica —no solo en el papel constitucional— como derecho humano fundamental. Que el acceso para consumo humano y uso comunitario tenga prioridad legal y práctica sobre el uso industrial y extractivista. Que los derechos de agua que llevan décadas sin ejercerse, acaparados sin producir, puedan ser reclamados para uso comunitario.
Segunda: planificación económica y territorial vinculante. Que no se pueda ampliar superficies de cultivos de alto consumo hídrico, como paltos, en cuencas con brecha hídrica negativa documentada. Que los permisos de expansión agrícola estén condicionados a la disponibilidad real del recurso. Eso se llama planificación y mirada estratégica, y es lo que hacen todos los países que gestionan sus territorios con seriedad, desde Holanda hasta Asia.
Tercera: un programa de restauración ecológica de bosque nativo en cuencas afectadas, con foco en bosques riparios. El bosque nativo en las orillas de ríos y quebradas es infraestructura hídrica. Retiene agua, recarga acuíferos y regula caudales. Es más barato y más efectivo que cualquier embalse de emergencia. Requiere pensar en plazos de 10 años, no electorales. Eso es lo difícil: el plazo político y el plazo ecológico no coinciden.
¿Y en materia de trabajo y economía local?
RODRIGO A. Tres propuestas que se articulan. Primera: apoyo concreto —no subsidio asistencial, sino inversión productiva— a las cooperativas y asociaciones de pequeños agricultores que quieran reconvertirse hacia cultivos de menor consumo hídrico y mercado local. La papaya es el ejemplo piloto: un sello de origen bien diseñado, con apoyo técnico del INIA y acceso garantizado al agua, puede salvar un cultivo identitario y dar sustento a decenas de familias. Requiere agua garantizada y debemos generar las condiciones para que exista.
Segunda: incorporar a las organizaciones de canalistas, juntas de vigilancia de ríos y comunidades indígenas a la toma de decisiones sobre distribución hídrica. No como consulta decorativa sino como cogestión real con capacidad de veto sobre decisiones que afecten la disponibilidad local. Esas organizaciones tienen siglos de conocimiento sobre el territorio. Ese conocimiento vale más que cualquier consultoría.
Tercera: salario mínimo sectorial para el trabajo campesino de temporada, con cobertura de seguro de cesantía real para temporeros. Hoy, el trabajador temporero —muchas veces sin contrato, muchas veces mujer— no tiene acceso efectivo al seguro de cesantía cuando la temporada se cancela por sequía. Cambia eso y tienes una red de protección real para la gente más golpeada por la crisis climática.
"La papaya, el pisco, la uva de mesa: tres cultivos con historia. Para salvarlos no necesitamos tecnología que no tenemos. Necesitamos voluntad política para cambiar cómo se distribuye el agua, quién tiene derecho a producir y a qué precio se vende lo que se produce."
— Rodrigo A. —
11 ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN
Construir desde abajo cuando el poder mira hacia arriba
¿Cómo evalúan su capacidad de incidencia sin representación parlamentaria?
RODRIGO A. Con realismo y trabajo incesante en los territorios. No tenemos diputados. Los resultados electorales de la IEP en 2025 fueron modestos y lo reconocemos. Pero la representación parlamentaria es solo uno de los termómetros de la incidencia política y claramente no es el más sensible para las verdaderas transformaciones de largo plazo.
Lo que sí tenemos es trabajo en los territorios, presencia real en los campamentos de Coquimbo, ciudad donde viven los trabajadores agrícolas que migraron cuando sus cosechas desaparecieron. Sostenemos valiosos vínculos con las organizaciones de regantes del Limarí, que saben muy bien lo que significa el Artículo 33 en términos prácticos. Alianzas con académicas y técnicos que documentan la crisis desde la ciencia. Redes con organizaciones campesinas y temporeras sin contrato.
El movimiento que produjo los cacerolazos de marzo de 2026 contra el alza de combustibles no fue espontáneo, fue la expresión de un descontento acumulado desde el levantamiento popular de 2019 que las elecciones no cancelaron. Ese sustrato social no desaparece. Nosotros trabajamos para que esa energía se organice, tenga propuesta y no se agote en el cacerolazo. El cacerolazo es el inicio, no el fin.
¿Ven posibilidades de construir un movimiento más amplio, que supere las divisiones de la izquierda?
RODRIGO A. Las diferencias que se expresan en divisiones de la izquierda son reales y no las vamos a resolver fingiendo que no existen. Pero al mismo tiempo hemos estado desarrollando alianzas y pisos de acuerdos mínimos sobre el que se puede construir para superar los niveles actuales de organización y acumulación social para avanzar a un estadio superior, junto a actores políticos en todos los niveles, para superar años de dispersión, bajo nivel de formación política, exceso de personalismos y otros fenómenos propios de décadas de neoliberalismo que calaron hondo en nuestra sociedad. La defensa del agua como bien común. La exigencia de planificación territorial que proteja las cuencas. El rechazo a la invariabilidad tributaria que blinda al sector forestal extractivista. Esos son puntos donde pueden confluir organizaciones ambientales, alcaldías, sindicatos campesinos, comunidades indígenas, académicas, parlamentarias, gobernadores, colectivos feministas y partidos de distintas tradiciones.
Nosotros apostamos al concepto de construcción política desde lo concreto, más allá de coincidencias ideológicas genéricas sino de acuerdos sobre problemas específicos en los territorios, esa es la forma en la que estamos acumulando y acercando posiciones. En el Limarí, el acuerdo es que el agua no puede seguir siendo mercancía. En Ñuble, el acuerdo es que el próximo incendio no puede volver a destruir casas construidas en interface forestal sin cortafuegos. En Los Lagos y Aysén, el acuerdo es que las salmoneras no pueden continuar contaminando hoy y para generar hambre para las comunidades de cara al futuro. Esos acuerdos concretos construyen más confianza que los programas teóricos de cientos de páginas.
12 EL HORIZONTE
Qué Chile queremos construir
Para cerrar, Rodrigo: ¿Cuál es el Chile que quieren construir? No el Chile en emergencia, sino el Chile posible.
RODRIGO A. Un Chile donde el agua sea un derecho y no un commodity. Donde la planificación del territorio parta de lo que el ecosistema puede sostener y no de lo que el mercado internacional demanda en cada temporada. Donde el campesinado tenga un sueldo digno, contrato, seguro y perspectiva, no solo en los años de lluvia sino también en los años de sequía.
Un Chile donde la energía solar y el viento, que en Coquimbo tenemos en abundancia, sean primero para las familias y para la soberanía energética del país, y solo después para la exportación. Donde las viviendas se construyan para durar, para ser eficientes, para no depender de la leña que contamina ni del gas que cuesta cada vez más.
Y un Chile donde la ciencia, como el IPCC, el CR2, el Colegio de Biólogas Marinas, el CEAZA o el INIA, tengan peso real en las decisiones de política pública. Que cuando el CR2 diga que ‘el 80% de los mega incendios ocurrieron en zonas de monocultivo exótico’, eso se traduzca en normativa, no en un informe que un ministro no leyó.
Eso no es utopía, es trabajo serio. Es lo que hacen los países que tomaron en serio la crisis climática hace veinte años. Nosotros tenemos el conocimiento, estamos en los territorios, somos parte de la gente. Lo que falta es multiplicar la ambición y empujar la voluntad política. Y esa se construye desde abajo, con organización, con propuesta y con la terquedad de los que saben que no hay Plan B para el futuro del planeta.
¿Una última cosa que quieras decirle a quienes lean esta entrevista?
RODRIGO A. Que la crisis hídrica de Coquimbo no es una noticia regional. Es un espejo de lo que viene para el resto del país si seguimos tomando decisiones como si el agua fuera infinita, como si el fuego no tuviera causa, como si los salarios pudieran seguir desconectados de la riqueza que producen. El norte de Chile hoy es el futuro del centro y del sur del país si no cambiamos el modelo social y económico ahora.
Y que hay salidas. No son fáciles ni rápidas. Pero están documentadas, las tiene el INIA, las tiene el CR2, las tienen las comunidades que llevan generaciones haciendo prosperar a sus familias en este mismo territorio. El problema nunca fue falta de conocimiento. El problema es la voluntad política para actuar cuando actuar implica tocar los intereses de quienes más concentran riquezas.
Eso es lo que hacemos, juntar ese conocimiento con esa voluntad, en el territorio donde vive la gente que lo necesita. Desde abajo, con nombre y apellido. Sin micrófonos prestados y sin pedir permiso para decir lo que vemos.
La conversación termina cuando el sol de media tarde entra por la ventana y proyecta sobre la pared el mapa de la cuenca del Elqui. Rodrigo señala con el dedo el punto donde el río ya no alcanza el mar en los veranos más secos. "Ahí estamos", dice. Después de un silencio corto, agrega: "Pero todavía estamos. Y eso también importa." Sobre la mesa quedan los vasos de agua —ya vacíos— y el texto de la Ley Miscelánea subrayado en rojo.
Valentina Reyes, periodista independiente radicada en La Serena. Cubre la Región de Coquimbo desde 2019 con foco en crisis hídrica, economía rural y derechos laborales.
La Colectiva EcoSocialistas participa como organización social afín de la coalición Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista, integrada por el Partido Humanista, el Partido Igualdad y colectividades afines. La coalición fue lanzada inicialmente en 2024 para las elecciones municipales.
Esta entrevista se enmarca en el ciclo de publicaciones sobre la Ley Miscelánea y la situación ambiental de Coquimbo, que incluye la carta abierta "La Ley Miscelánea como suicidio climático y fiscal" (Colectiva EcoSocialistas, abril 2026) y el análisis "La tragedia del horizonte" de Marcelo Mena, que recoge la advertencia original de Mark Carney (Lloyd’s of London, 2015).