La comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, enfrenta un dilema crucial para su desarrollo: fortalecer su economía local mediante actividades como la pesca artesanal y la agricultura familiar campesina, o apostar por megaproyectos mineros-portuarios como Dominga, con todas las implicancias socioambientales que estos generan.
Con menos de cinco mil habitantes, La Higuera, comuna rural de la región de Coquimbo, requiere con urgencia más oportunidades que detengan la migración forzada de su población, que abandona el territorio en busca de mejores condiciones de vida, resultado de una economía local debilitada y despotenciada.
En este contexto, proyectos como Dominga, que prometen empleo masivo y dinamismo económico, ganan el apoyo de un sector de la comunidad. Sin embargo, esta visión entra en conflicto con quienes defienden el patrimonio natural del Archipiélago de Humboldt, un ecosistema único en el mundo que alberga una biodiversidad invaluable, reconocido ampliamente por la comunidad científica internacional.
Este enfrentamiento refleja dos visiones opuestas sobre cómo alcanzar el desarrollo. Por un lado, está la derecha y sus lobbistas que abogan por avanzar a toda costa, con promesas de vida mejor y priorizando el crecimiento económico inmediato, incluso aunque ello signifique dañar el ecosistema.
Por otro lado, desde la izquierda impulsamos una mayor intervención del Estado, que diversifique la economía local y garantice un desarrollo que respete tanto a las comunidades como al entorno natural. Un crecimiento sustentable que no desequilibre la actividad económica con el medio ambiente.
Este conflicto no surge en el vacío, sino como resultado de un modelo neoliberal impuesto durante la dictadura de Pinochet y perpetuado en los gobiernos de la Concertación. Este modelo ha privilegiado el extractivismo como base del crecimiento económico, despojando al Estado de un rol activo en el diseño de políticas públicas que aseguren el recurso para las futuras generaciones (sostenibilidad) y dejando a los territorios dependientes de grandes empresas.
Comunidades que ante un Estado inexistente, no tendrían más alternativa que aceptar la panacea del privado. El extractivismo promete progreso como única vía de desarrollo, que no existe otra alternativa y que el mercado se encargaría de proveer la condiciones para una vida mejor. Una dialéctica que bien comprendemos desde la izquierda.
Esta situación la han experimentado otras comunas mineras en Chile. En lugares como Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, la instalación de grandes proyectos prometió prosperidad, pero terminó convirtiendo estos territorios en zonas de sacrificio, con altos niveles de contaminación y un deterioro severo en la calidad de vida. Lejos de ser la solución, la gran minería ha generado empleos temporales mientras deja daños irreversibles en la salud y el medioambiente.
Promesas que quedan en eso: palabras sobre un futuro mejor que no logra ser tal.
En este contexto, la encrucijada de La Higuera trasciende lo regional y se convierte en un símbolo del modelo de desarrollo a nivel país. Es una oportunidad para que el Estado asuma un rol protagónico y revierta el abandono institucional que ha afectado a tantas localidades. Además, La Higuera cuenta con un enorme potencial para liderar un desarrollo integrador: la riqueza ecológica del Archipiélago de Humboldt podría ser la base de una economía sustentable, centrada en el ecoturismo y la inversión pública permanente como motor de desarrollo que garantice empleos dignos que no comprometan nuestro entorno.
Por eso, la decisión del Comité de Ministros y Ministras de rechazar el proyecto Dominga es una señal esperanzadora, una señal política clara sobre que los privados no actúen como si el país fuera su patio trasero donde solo les importe maximizar sus ganancias sin importar el costo socioambiental. Esta declaración -que debemos celebrar como victoria- abre la puerta a un debate necesario sobre alternativas de desarrollo que prioricen el bienestar de las comunidades en armonía con el ecosistema.
Es fundamental establecer un modelo que garantice un desarrollo sostenible, alejándonos de la idea de un «progreso» a cualquier precio y de un Estado que deje a las familias a merced del mercado. Es imprescindible priorizar a las personas y al entorno natural. Visualizar un futuro diferente no solo es necesario, sino también alcanzable.