SANTIAGO, CHILE – 4 de junio de 2026 – Durante esta semana, Chile ha sido escenario de una serie de masivas movilizaciones sociales que incluyen marchas y caceroleos, que han tenido lugar a lo largo y ancho del país. Estas manifestaciones surgen como respuesta directa a la Cuenta Pública presentada el pasado lunes por el gobierno de José Kast, la cual ha sido calificada por amplios sectores sociales y políticos como un ejercicio de total desconexión frente a la crisis que atraviesa la ciudadanía y los territorios.
Las protestas, que se han extendido de norte a sur, reflejan un profundo malestar acumulado ante lo que las organizaciones políticas y sociales han denominado como un "shock de austeridad", orientado hacia los más desposeídos. En ciudades del norte, particularmente en la Región de Coquimbo, la ciudadanía ha manifestado su rechazo a un modelo que prioriza la mercantilización de la vida por sobre la urgencia climática y las crecientes necesidades sociales.
"El gobierno intenta vendernos una realidad paralela, mientras el país sufre las consecuencias de un modelo extractivista que agota nuestra naturaleza para las futuras generaciones", señaló Francisca Pemjean, ex candidata a diputada por la región, durante los caceroleos masivos que se replicaron la noche del lunes y miércoles en múltiples barrios.
Las organizaciones movilizadas como la Izquierda Ecologista Popular, denuncian que la administración actual profundiza una "falla metabólica en el sistema, ignorando las catástrofes climáticas y centrando la inversión en el aparato represivo en lugar de infraestructura resiliente para el desarrollo futuro de la región”.
Entre los puntos de mayor conflicto se encuentran el desfinanciamiento de los servicios sociales, reduciendo programas de uso comunitario mientras se favorece a grandes corporaciones mediante invariabilidades tributarias; el negacionismo climático, que se manifiesta en la falta de medidas concretas frente a la sequía estructural que afecta especialmente a la zona norte del país, donde la falta de políticas de adaptación amenaza la soberanía alimentaria; y la criminalización de la protesta social, mediante el uso de las fuerzas de seguridad para reprimir movilizaciones estudiantiles, pescadores que protestan por sus cuotas de extracción; familias campesinas que no pueden sostener su forma de vida debido al mal uso del recurso agua y de pobladores sin casa, en lugar de abordar las causas estructurales de la crisis.
Las jornadas de protesta han logrado articular a pobladores, estudiantes y trabajadores bajo una demanda común, que es la superación del modelo neoliberal autoritario que busca profundizar las diferencias sociales que ya son abrumadoras en la población.
Las organizaciones convocantes han enfatizado que estas movilizaciones “no son hechos aislados, comenzaron en marzo, se multiplicaron en abril y son parte del ciclo de resistencia territorial frente a lo que se consideran una "mala factura" política para las mayorías pobres del país, remarcó Rodrigo Andrade, otro dirigente regional del conglomerado Izquierda Ecologista Popular.
En el contexto de las movilizaciones se realizó una nueva reunión del naciente grupo de oposición territorial conformado por la senadora independiente Fabiola Campillai junto a líderes locales como Rodrigo Mundaca, Joel Olmos y Matías Toledo, quienes actualmente avanzan en la conformación de un nuevo referente político de izquierda junto a otras figuras territoriales, entre ellas los referentes regionales Francisca Pemjean, Caterina Simoncelli y Rodrigo Andrade, al que se han ido incorporando otras dirigencias territoriales.
Este bloque busca representar a un sector descontento con las coaliciones políticas tradicionales, se encuentra aún en fase de formación y ya ha sido descrito como una "izquierda huérfana", cuyo objetivo es agrupar a quienes se identifican con la izquierda pero no se sienten representados por las directrices del Frente Amplio ni del Partido Comunista.
Las protestas continuaron anoche con saldos de 35 heridos y 15 detenidos en amplio número, convocados por federaciones estudiantiles secundarias y universitarias a lo largo y ancho del país, mientras los diversos sectores sociales evalúan nuevas medidas de presión para exigir que las necesidades de la población, y no el lucro de una minoría, guíen la agenda nacional.